Como era de esperarse la secretaría general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) negó una petición de Ecuador para detener al ex ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, por el bombardeo a un campamento de las FARC en ese país, en el que fue abatido el terrorista de las Farc Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes". En esa acción, llamada "Operación Fénix", murieron también varios terroristas colombianos, el ecuatoriano Franklin Aisalla, así como cuatro universitarios mexicanos que se encontraban en el campamento terrorista.
El pedido del juez de Sucumbíos Daniel Méndez "viola el artículo tres de los estatutos de Interpol que dice que no se puede usar este tipo de mecanismos para temas políticos, militares, raciales y religiosos", según un comunicado del DAS, organismo de seguridad colombiano.
Resulta, por decir lo menos, insólito que se expida una orden de captura contra un funcionario que, en representación del gobierno colombiano, como Ministro de Defensa, coordinó una acción para defender al pueblo de Colombia de los actos criminales que un terrorista ordenaba, dirigía y controlaba desde un campamento ubicado en territorio ecuatoriano con la permisividad de las autoridades de ese país.
De otra parte autoridades ecuatorianas ordenaron la excarcelación de José Chauvín, exsecretario del Ministerio de Gobierno de Ecuador, quien admitió su estrecha amistad con el abatido terrorista alias "Raúl Reyes".
La orden de captura contra el exministro Santos y la libertad de José Chauvín, tienen un tinte de favorecimiento de algunos funcionarios ecuatorianos hacia los terroristas de las Farc y parece más bien una jugada política del Gobierno ecuatoriano por su evidente afinidad ideológica con las Farc.
El acucioso juez ecuatoriano había determinado que Santos debía responder por la muerte de 25 terroristas tras el ataque al campamento de "Reyes", ubicado en territorio ecuatoriano. ¿Se habrá puesto a pensar este funcionario en los miles de colombianos víctimas de las minas antipersonas, los cilindro-bomba, los carros-bomba, los secuestros y todos los actos terroristas cometidos por la banda criminal de las Farc?
Destacados juristas ecuatorianos habían criticado la medida cautelar tomada por el juez Daniel Méndez. El constitucionalista Antonio Rodríguez Vicens calificó como un "verdadero disparate" y un "show" el pedido de detención de Santos, en el momento que el Gobierno enfrenta un escándalo por los millonarios contratos de obras públicas que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, obtuvo con el Estado.
Este episodio es el típico caso de los pájaros tirándole a las escopetas.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada